Necesidad de COMPLIANCE para empresas que contratan con el sector público

Necesidad de COMPLIANCE para empresas que contratan con el sector público

Con fecha 09 de noviembre de 2017 se se publicó en el BOE la Ley 9/2017 de contratos del sector público.

Dicha norma no sólo tiene trascendencia desde el punto de vista del derecho administrativo sino que tiene importantes connotaciones para la aplicación del derecho Penal así como para los análisis de riesgos a contemplar (y medidas a implementar) en los Planes de COMPLIANCE y DE PREVENCIÓN DE DELITOS, especialmente para aquellas empresas que contratan con el sector público. Y ello porque, entre otras cuestiones,  puede afectar a los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, falsedades documentales como instrumentales de los anteriores, fraudes y exacciones, el delito del art. 262 Cp…

En esa línea (prohibiciones para contratar con el sector púbico) y en cuanto a ese particular, el art. 71 queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 71.

Prohibiciones de contratar.

  1. No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la presente Leycon los efectos establecidos en el artículo 73, las personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias:
  2. a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo,constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita,  financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los  negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y la  Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación,  malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio.

La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean declaradas penalmente responsables, y a aquellas cuyos administradores o representantes, lo sean  de hecho o de derecho, vigente su cargo o representación y hasta su cese, se encontraran en la situación mencionada en este apartado.

  1. b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia  profesional que ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de  falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por infracción muy grave en materia medioambiental de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, o por infracción muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el artículo 22.2 del citado texto
    […].

foto compliance sala2El apartado B) antes referido ya no hace referencia al hecho de que la empresa (o empresario) haya sido condenada en el ámbito penal por estas materias como causa para prohibir contratar con la administración pública sino que lo extiende a aquellas que hayan podido ser sancionadas con carácter administrativo por las conductas allí referidas (sanciones administrativas contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra el medio ambiente, de carácter laboral…).

Es obvio que ello supone no sólo que las empresas que contratan con administraciones públicas deban tener implementado un Programa de Compliance efectivo (como cualquier otra entidad mercantil contrate o no con el sector público) sino que deben contemplarse en los mismos la evitación de estas conductas que pueden dar lugar no sólo a la condena penal sino a la prevención de estas infracciones administrativas graves determinadas en dicho precepto.

Por ejemplo una empresa del sector agrario que es sancionada de manera grave por una infracción contra el medio ambiente o por discriminación por razón laboral… (aunque ello no haya supuesto la comisión de un delito), nada impedirá en dicho caso que aquella entidad jurídica quede impedida para contratar con el sector público aun no habiendo sido penalmente responsable por esos hechos.

Dicha prohibición se extiende también a quienes contraten con el sector público manteniendo como administradores a personas condenadas en firme, lo que hará que las empresas deban tener en cuenta en sus planes de contratación personal “estudiar la hoja de antecedentes penales” de sus cargos directivos antes de ser incorporados a sus órganos de decisión.

Como podemos observar el COMPLIANCE sigue avanzando con paso firme y decidido, sólo queda que nuestros empresarios se vayan concienciando en que “ha venido para quedarse”, lo que supone la necesidad de trabajar permanentemente en dicho sentido y que la ética profesional – empresarial se tenga en cuenta en todos y cada uno de los aspectos que afectan a la organización, incluyendo muy especialmente a las personas que las dirigen.

 

Por Francisco Javier Muñoz González,

Encargado Área Compliance en GAUDIA

2018-04-29T18:00:06+00:00 17/11/2017|administrativo, Corporate compliance, De interés, Empresarial, legislacion, Mercantil, Penal|

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