Obligatoriedad de crear canales de denuncia en ciertas organizaciones y actividades

Obligatoriedad de crear canales de denuncia en ciertas organizaciones y actividades

Siguiendo la línea de nuestro anterior artículo del blog, hoy venimos a profundizar más en la necesidad de crear en las organizaciones canales éticos o de denuncia ya no sólo como una forma de buen gobierno corporativo y articulación de los Planes de Compliance, sino como una obligación legal nacida desde el 04 de septiembre de este año para ciertas empresas.

Concretamente con fecha 4 de septiembre de 2018, ha entrado en vigor el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto (por la que se transpone, entre otras, la Cuarta Directiva en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales).

Su nuevo artículo 26 bis exige que los sujetos obligados establezcan procedimientos internos para que sus empleados, directivos o agentes puedan comunicar, incluso anónimamente, información relevante sobre posibles incumplimientos en relación a lo dispuesto por la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, su normativa de desarrollo o las políticas internas implementadas para su cumplimiento a nivel corporativo.

La novedad reside pues en la propia exigencia específica de establecimiento de un canal de denuncias en el ámbito preventivo del blanqueo de capitales, para quienes ostentan la calificación de sujetos obligados en este ámbito. Extremo que conecta con los canales de denuncia que se establecen a través de los programas de Compliance (Modelos de Prevención de delitos) así como aquellos otros que guardan relación con los Planes de Igualdad en el ámbito laboral creados para denunciar el acoso sexual y otras cuestiones relacionadas con la igualdad entre sexos en el ámbito del derecho del trabajo.

Es por ello la cada vez más que evidente obligatoriedad en las organizaciones de “informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención” (requisito 4º del artículo 31 bis.5. del Código Penal). Y para tal fin resulta necesario establecer la existencia de un “canal ético o de denuncias”, preferiblemente gestionados externamente (para salvaguardar en mayor medida la privacidad y profesionalidad de los mismos), por las razones ya aludidas en otros artículos publicados en nuestro blog y que podéis encontrar en el mismo.

El nuevo artículo 26 bis del Real Decreto antes citado identifica algunas de las características de estos canales de denuncia, específicamente previstos en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales:

  • Podrán integrarse en los sistemas que hubiera podido establecer el sujeto obligado para la comunicación de informaciones relativas a la comisión de actos o conductas contrarias a la restante normativa general o sectorial que les fuera aplicable;
  • Estos sistemas de comunicación deben cumplir con la normativa de protección de datos;
  • Los sujetos obligados adoptarán medidas para garantizar que los empleados, directivos o agentes que informen de las infracciones cometidas en la entidad sean protegidos frente a represalias, discriminaciones y cualquier otro tipo de trato injusto;
  • La normativa prevé que, reglamentariamente, se puedan determinar excepciones (para determinados sujetos obligados) respecto del cumplimiento de esta obligación.;
  • Se trata de un sistema de comunicación interno, a nivel corporativo, complementario con la existencia de sistemas de comunicaciones públicos (previstos por el nuevo artículo 63 de la Ley 10/2010 de 28 de abril, referente a la comunicación de infracciones) que prevé, a su vez, también la protección de los denunciantes.

¿Qué sujetos estarían obligados de acuerdo con esta nueva normativa?

Todos aquellos sujetos calificados como obligados por la Ley 10/2010, relativa a la prevención de blanqueo de capitales. El artículo 2.1 de la Ley 10/2010 de 28 de abril estipula es el que los establece, a modo de ejemplo:

  • Las entidades de crédito;
  • Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones, con las excepciones que se establezcan reglamentariamente;
  • Las empresas de servicios de inversión;
  • Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de inversión cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora;
  • Las entidades gestoras de fondos de pensiones;
  • Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital-riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora;
  • Las sociedades de garantía recíproca;
  • Etc.

En caso de incumplimiento se establecen sanciones de hasta 60.000 €.

Este es el momento de recordar que Gaudia pone a su disposición nuestro canal de denuncias (en diferentes idiomas) que cumple con todas las exigencias antes indicadas por el Real Decreto y que ponemos a su disposición.

Canal etico Gaudia

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